Orden público y seguridad. La protección privada de los ciudadanos en el Estado Soberano de Bolívar, 1857-1886
"Las falencias que mostraba el Estado en materia de seguridad y orden obligaron a los ciudadanos a armarse para protegerse o acudir a personas o familias que podían brindarles la seguridad y la justicia que las instituciones no podían darles. Éstos asumían de facto funciones de Estado, de tal modo que el principio de autoridad fue ejercido por personas o familias, que representaban al Estado en las zonas donde éste hacía poca o ninguna presencia. Para la mayoría de los habitantes, la autoridad estatal no se manifestaba por medio de las instituciones; todo lo contrario, ella estaba mediatizada a través de una serie de relaciones afectivas (de empatías o antipatías) y la coacción. Éste era un poder informal pero efectivo. Por la estructura del gobierno, por su miseria y por la falta de recursos, la seguridad de los ciudadanos, sus bienes y derechos estaba en la suma de poder, valor o resolución que cada ciudadano podía disponer."
"El Estado era consciente de la debilidad que padecía como lo demuestran los casos referenciados. En 1872 la Asamblea Legislativa, con el fin de encontrar una solución al problema de orden público y seguridad reinante, aprobó un proyecto sobre policía general. Se estableció que los habitantes de cualquier localidad que ejercieran el comercio podían en cualquier número, organizar juntas de seguridad, creando al efecto cuerpos de alguaciles serenos que se encargaran expresamente durante las noches de las funciones de la policía, sin perjuicios de los empleados establecidos por los concejos municipales. Los empleados creados por esta ley serían nombrados por el alcalde del distrito a propuesta en terna de la junta de comercio y ejercerían todas las funciones de policía que las leyes daban a los de igual categoría, bajo la dependencia y ordenes de los jefes de policía.
Con la aprobación de la ley, las autoridades terminaron aceptando que no habían podido consolidar un monopolio de la violencia en el territorio estatal. Desde ese momento, los comerciantes tenían licencia para imponer el orden y la seguridad en los distritos y en las provincias donde residían. En cierta forma para este sector era fácil lograrlo, teniendo en cuenta el contexto político que se vivía y porque la constitución de 1863 estableció que en tiempos de paz se permitía la compra y venta de armas. Así, cualquier persona podía adquirir rifles, pistolas, cañones, machetes, navajas, balas y otro tipo de armas."
"No obstante, la llegada de Núñez a la presidencia del Estado Soberano de Bolívar en 1876 marcó un cambio radical en la concepción sobre el tipo de Estado y de sociedad que se debía construir no solo en Bolívar sino en Colombia. Dentro de las premisas fundamentales defendidas por el Nuñismo se encontraban el orden, el centralismo y el proteccionismo. Se debían dejar atrás el discurso de la libertad, el federalismo y el librecambismo económico."
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